Hermosillo, Sonora (03 de septiembre de 2020).- Contar con una ley que sea ejemplo de transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública es el objeto de las reformas, derogaciones y adiciones que propone la diputada Ernestina Castro Valenzuela a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública y a la Ley Estatal de Responsabilidades.

La legisladora del Grupo Parlamentario de MORENA comentó que la presente ley es un instrumento poderoso para el desarrollo de la economía local, sin embargo, no ha sido utilizado de manera correcta por los servidores públicos al no acatar la normativa y poder evitar posibles problemas y consecuencias legales.

Dijo que durante la adquisición y arrendamiento de bienes muebles o prestación de servicios no siempre resulta seleccionado quien oferta la mejor calidad, precio o disponibilidad, práctica recurrente en dependencias de gobierno que generan onerosas cargas financieras a la administración pública local, así como una mala imagen y una mala fama.

“Independientemente de la modalidad de que se trate, sea por asignación directa o por licitación, no es aceptable que el Gobierno del Estado adquiera o pacte mal servicio caro o defectuoso y tardado, lo correcto es que toda adquisición, arrendamiento o prestación del servicio que lleve a cabo el poder ejecutivo cuente con la garantía de que el servicio garantice la legalidad, el mejor precio, transparencia, eficiencia y garantía para que no lesione las finanzas estatales”, indicó.

Castro Valenzuela dijo que con las reformas, derogaciones y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública y a la Ley Estatal de Responsabilidades se busca perfeccionar el esquema de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a la par de buscar que se privilegien en un marco de mejor alternativa y competencia leal.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, resaltó que con la presente iniciativa permitirá que empresas sonorenses presten servicios dentro del Estado y evitar que se contrate compañías extranjeras; acción que generará mayores ingresos a Sonora.

“La oferta que provenga de las empresas sonorenses incentivará la inversión local, la creación de más y mejores empleos, el fortalecimiento del mercado estatal y sus consabidos efectos en materia de estudio, investigación, desarrollo e innovación tecnológica que todo aquello conlleva. Creemos que el gasto público en el rubro económico debe estar al servicio de las potencialidades de los empresarios e innovadores sonorenses”, comentó.

Señaló que las dependencias de administración pública estatal están obligadas a explorar este tipo de mecanismos, y que como legisladores están obligados a generar el marco legal que permita llevarlos a cabo. «Es necesario configurar la creación del precio máximo de referencia que evite el llamado de sobreprecio que tanto afecta las finanzas estatales al convertirse en el punto que ensombrece y encarece todo el proceso de adquisición, arrendamientos o prestación del servicio». Puntualizó.

La presente iniciativa fue turnada a las comisiones de Fomento Económico y Turismo, de Transparencia y Anticorrupción, en forma unida para su análisis y posterior dictaminación.