*Buscan dar certeza jurídica a asesores y clientes de operaciones inmobiliarias*

Propone Jorge Villaescusa creación de Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora, febrero 11 de 2020.- En Sonora se requiere un marco legal actualizado para regular empresas inmobiliarias y sus asesores, con bases firmes y directas y un procedimiento eficaz para la defensa de los ciudadanos que solicitan sus servicios, afirmó Jorge Villaescusa Aguayo, diputado de la fracción priista.

Por ello, presentó ante al pleno del Congreso Local una iniciativa para la creación de la Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Sonora, con la que busca dar seguridad al público que requiera estos servicios, a través de mayor certidumbre jurídica en las operaciones inmobiliarias que se realicen en el estado.

“Se busca también que el servicio inmobiliario se preste con profesionalismo, conocimientos debidamente acreditados, certificados y ética total”, agregó, “la intención es evitar cualquier tipo de riesgos en perjuicio de los usuarios; se pretenden fomentar desde los valores, hasta sanciones en los asesores inmobiliarios para el correcto desarrollo de la economía en el estado, el cual debe ser del conocimiento de la sociedad en general”.

Villaescusa Aguayo destacó que el Estado de Sonora fue de las primeras entidades del país, con la creación en 2002 de un registro estatal inmobiliario, en el que los asesores profesionales tienen que cumplir con ciertos requisitos para llevar a cabo su labor.

En esta nueva ley se establece la creación del Código de Ética de Servicios Inmobiliarios, así como el Consejo de Asociaciones Inmobiliarias del Estado de Sonora, con el fin de afianzar aún más la capacitación y actualización, que se traducirá en la profesionalización de quienes se dedican a este rubro.

Mencionó que, además, se busca simplificar esta actividad, señalando los requisitos mínimos que deben cumplir las personas que deseen prestar servicios de asesoría inmobiliaria.

“Otro de los propósitos de la ley, es que el público en general identifique plenamente a los asesores inmobiliarios calificados, esto con el fin de evitar ser sujetos a abusos, fraudes y cualquier actividad que ponga en riesgo el patrimonio de los ciudadanos”, apuntó, “se logrará combatir la informalidad y el fraude a que pueden ser sujetos los usuarios inmobiliarios, todo esto, en beneficio de los ciudadanos, de los asesores y de la actividad inmobiliaria”.

El legislador señaló que comprar, vender, rentar o hacer cualquier otro tipo de operación inmobiliaria no es una tarea sencilla, ya que, para la mayoría de las personas, es una decisión de vida.

El beneficio social que se pretende obtener con esta ley, afirmó, es brindar protección al patrimonio de las personas y certeza jurídica a las partes intervinientes en las operaciones inmobiliarias.