Hermosillo, Son., septiembre 3 de 2020.- La presentación de cinco iniciativas con proyectos de decreto para modificar diversas leyes, un proyecto de ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del COVID-19, la aprobación de dos acuerdos con exhortos a autoridades estatales en materia de agua y transporte, y dos resolutivos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fueron los asuntos de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado.
De acuerdo al orden del día aprobado, en primer término correspondió a la diputada Ernestina Castro Valenzuela dar lectura a su iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública y a la Ley Estatal de Responsabilidades.
Expuso que la propuesta tiene por objeto hacer más eficiente, honesta y transparente la relación entre Gobierno del Estado y proveedores, en virtud de que durante los procesos para la adquisición de arrendamientos o prestación de servicios, no siempre se selecciona a quien presenta la mejor propuesta y calidad, lo cual consideró ha sido una práctica recurrente que al final ha ocasionado una carga financiera a la administración pública, además de mala imagen.
Agregó que no es aceptable que el gobierno estatal adquiera o pacte con quien presente la propuesta más onerosa, sino lo correcto es que cualquier adquisición cuente con la garantía de que el proceso garantice legalidad, mejor precio, transparencia y la certeza de que no lesionará las finanzas estatales, de ahí que su iniciativa busca perfeccionar el esquema de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, a la par de privilegiar un marco de competencia legal.
La Presidencia turnó la propuesta a las comisiones de Fomento Económico y Turismo, de Transparencia y Anticorrupción, mientras que la Comisión de Educación y Cultura estudiará la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
El diputado Lázaro Espinoza Mendívil dio a conocer que el objetivo es que se otorguen becas a los descendientes de quienes al realizar su labor al servicio de la comunidad se contagiaron y perdieron la vida a causa del COVID-19, para lo cual propusieron se agregue el inciso g) al Artículo 39 de la referida legislación.
“A descendientes de trabajadores al servicio del Estado y de los 72 ayuntamientos de Sonora, que con motivo de sus funciones estuvieron expuestos a contagiarse del virus SARS Cov2 (COVID-19) y que hayan fallecido de manera confirmada o bajo sospecha a causa de esta enfermedad altamente contagiosa, siempre y cuando estos se mantengan en el sistema escolar desde educación básica hasta el nivel superior”, establece la propuesta de adición.
El siguiente punto del orden del día fue la presentación, por parte del diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora.
Propuso incluir en la legislación un programa reeducativo como un proceso de aprendizaje en el que hombres y mujeres desarrollen nuevas habilidades y formas de comportamiento para relacionarse entre sí, desde un plano de igualdad en la relación de pareja, donde las expresiones de la violencia no sean la única ni la principal forma de relacionarse, ya sea entre los miembros de la pareja, con los hijos o familiares, y con su entorno social.
La Presidencia turnó la iniciativa a la Comisión para la Igualdad de Género, y a la de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad se envió la presentada por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad del Estado de Sonora.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes explicó que procede modificar diversos artículos de la referida legislación, así como aquellas leyes que rigen la vida orgánica de las entidades gubernamentales obligadas en esta materia, para que además de poder contratar intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, cuenten con facultades expresas para conseguir el apoyo de este tipo de profesionales o, en todo caso, la capacitación de su propio personal, para poder comunicarse adecuadamente con personas sordas.
Agregó que para lograrlo es necesario modificar también las siguientes leyes: de la Defensoría Pública, de Atención a Víctimas, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, Orgánica del Poder Judicial del Estado, de Salud, de Educación, de Cultura Física y Deporte, de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora y de Fomento al Turismo para el Estado de Sonora.
La Comisión para la Igualdad de Género estudiará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora, la cual presentó en esta sesión ordinaria la diputada María Dolores Del Río Sánchez, quien expuso se trata de un tema de justicia, de responsabilidad de quienes dejan en abandono a las personas a su cargo, además de ser un tema urgente de la agenda de las mujeres y de las familias.
Propuso que el delito de incumplimiento de obligaciones familiares sea perseguido de oficio por el Ministerio Público, en la inteligencia de que en todo momento debe prevalecer el bien superior del menor, del incapaz, de las personas de edad avanzada y, en general, a todo sujeto que tenga acreditada su vulnerabilidad y dependencia económica con el sujeto deudor, quien al incumplir podría ser sancionado con prisión de uno a cuatro años, multa de 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización, y pérdida de los derechos de familia, en su caso.
El diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó enseguida una iniciativa con proyecto de ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARSCoV-2 (COVID-19) en el Estado de Sonora.
Informó al Pleno que lo que le motivó a proponer este proyecto de ley es hacer obligatoria esta medida de protección, de manera que se sume y refuerce las acciones ya implementadas por las autoridades, en lo cual es necesario que los integrantes del Poder Legislativo se aboquen a reforzar las medidas sanitarias que ayuden a combatir la propagación del COVID-19 en el Estado y generar las condiciones que permitan la integración de la sociedad sonorense a una nueva normalidad, con base en la prevención al contagio.
El proyecto de ley, que se turnó a la Comisión de Salud, consta de 19 artículos y los capítulos: Del uso del cubrebocas y demás medidas preventivas; De la difusión; y De las infracciones a esta ley y demás disposiciones sanitarias de carácter estatal.
Aprueban acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la diputada Rosa María Mancha Ornelas presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, a efecto de que se aboque a realizar los trámites correspondientes y se incluyan los datos necesarios en los recibos de agua de los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora, que son expedidos por el servicio que presta esa paraestatal.
La finalidad es que dicho documento sea considerado como válido para la comprobación de domicilio de los pobladores de dichos municipios en los diferentes trámites administrativos que realicen ante cualquier dependencia de los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que ciudadanos de Guaymas y Empalme le plantearon la imposibilidad que tienen de realizar trámites administrativos, como el que se realiza ante las oficinas del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo.
El segundo Acuerdo aprobado por la asamblea resuelve exhortar al Secretario de Hacienda del Estado, al Director General de Transporte Público, al Director del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte y al Presidente del Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, a propuesta de la diputada Gricelda Lorena Soto Almada.
Indicó que, conforme a sus facultades y obligaciones legales, dichos funcionarios ejerzan la revisión, evaluación, auditoría y demás actos administrativos respecto a la aplicación de dinero público de los años que correspondan ejercidos por el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima denominada: “Transportes Integrados de Navojoa, S.A. de C.V. (TINSA)”.
Una vez obtenidos los resultados sobre el estado financiero, agregó, que informen a esta Soberanía para los efectos legislativos que correspondan, a petición pública que le hicieron representantes de accionistas de TINSA de Navojoa, Sonora, por considerar que el servicio de transporte público urbano es de interés público y temen se afecte su patrimonio como accionistas y fomentadores de empleo.
En el siguiente punto del orden del día, el Pleno aprobó el Acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado declara desierta la convocatoria contenida en el Acuerdo número 244, ya que no se reunió el número necesario de aspirantes para la designación de los cargos de consejera o consejero del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas.
La iniciativa, a la que dio lectura el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, fue presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cuyos integrantes reafirmaron que a las personas que se inscribieron y cumplieron con los requisitos de la convocatoria establecida en el Acuerdo número 227, se les considerará como registradas en la convocatoria que al efecto se emita, cuando se considere pertinente la emisión de la misma.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también se aprobó el dictamen con Acuerdo por medio del cual se da a conocer que, al no existir el consenso necesario entre los integrantes de este Poder Legislativo para la elección del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con base en la terna propuesta por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, contenida en el folio 2029-62, se resuelve desecharla.
La diputada María Magdalena Uribe Peña dio lectura a dicho Acuerdo que también establece solicitarle a la titular del Ejecutivo estatal que, en estricto apego a lo dispuesto en el Artículo 14 Sexies de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de atención a víctimas, integre una nueva terna.
La misma deberá enviarla a este Poder Legislativo en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de la notificación del presente Acuerdo, para que se realice la elección del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y en un segundo punto se le solicita al Poder Ejecutivo estatal que maximice los principios de publicidad y transparencia en la consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
También, que amplíe el periodo de socialización y el horario de registro establecidos en la convocatoria original, así como habilitar un correo electrónico oficial para llevar a cabo el registro de manera virtual, y se sugiere definir en la convocatoria los parámetros a considerar para determinar que un registro es apto para integrar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y hacer públicos los nombres, perfiles, y calificaciones de las candidatas y candidatos.
En el punto tercero del Acuerdo, al que dio lectura la diputada María Magdalena Uribe Peña, se le solicita a la Gobernadora del Estado anexar escrito con la justificación de la elección de la terna que envíe al Congreso del Estado de Sonora para la elección del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Una vez desahogado el orden del día, la Presidencia clausuró la sesión y citó a la próxima para el martes 8 de septiembre, a las 10:00 horas.