Hermosillo, Son., A conducirse apegados a Derecho, con civilidad y respeto durante el presente proceso electoral aprobó exhortar el Congreso del Estado a las instituciones electorales de los ámbitos federal y local, así como a simpatizantes y militantes de partidos políticos que contiendan por candidaturas, y ciudadanos con aspiraciones a candidaturas independientes.

 

La exposición de motivos del Acuerdo establece que está dirigido a todas las personas participantes de las elecciones de 2021 en el Estado de Sonora, para que se apeguen a lo que establece la Ley General en materia de Delitos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

“Los citados ordenamientos jurídicos nos marcan la pauta de los procedimientos que se realizan durante el proceso electoral, así como la regulación de conductas ilícitas como la comisión de delitos en materia electoral; por ello, también el llamado a la civilidad y respeto de los principios democráticos de nuestro Estado y de nuestro país”, afirmó la diputada María Magdalena Uribe Peña, quien presentó la iniciativa.

 

Agregó que en Sonora debe ponerse en alto a la democracia y asegurar que el sufragio del ciudadano sea en apego al orden constitucional que refleje la soberanía nacional, para lo cual es necesario empaparse de cada una de las etapas para no violentar el proceso electoral para los comicios que habrán de celebrarse el 6 de junio de 2021.

 

La legisladora consideró fundamental consultar, revisar y tener a la mano el Acuerdo mediante el cual el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el calendario para el proceso electoral.

 

“Necesitamos empaparnos de cada una de las etapas para no violentar el proceso, pero además la civilidad hará que evitemos conductas no deseables en el ejercicio de la democracia; que la violencia no impere en este proceso y mucho menos durante la jornada electoral”, aseveró.

 

Es importante y oportuno llevar unas elecciones con los cuidados en la salud, de ahí la necesidad de prever los protocolos por la contingencia del COVID-19, dijo Uribe Peña, quien aclaró que la iniciativa presentada no tiene tintes de conflicto político o partidista en particular, sino que es simplemente una consideración por el bien de la democracia y la salud en Sonora.

 

En esta sesión ordinaria se aprobó otro Acuerdo para exhortar a diversas autoridades educativas, con el objeto de que se reconozcan los derechos laborales de los asesores externos especializados integrados al Programa Nacional de Inglés, PRONI, en el Estado, y para que lleven a cabo la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades educativas federales, estatales y una representación de los docentes o asesores, previo a la firma del Convenio Marco para la Operación de los Programas Federales de Educación Básica para 2021.

 

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño expuso ante el Pleno que al igual que en otras entidades federativas, el PRONI opera en Sonora desde 2009 con una contratación de aproximadamente 600 docentes especializados en el idioma inglés, quienes de acuerdo a las reglas de operación del programa, se denominan asesores/as externos/as especializados/as y prestan sus servicios en las escuelas de educación básica de ambos niveles, pero a decir de ellos mismos, sin reconocimiento de los derechos laborales que disfrutan otros docentes estatales o federales del mismo sistema.

 

Por ese motivo se sienten discriminados ante el trato que reciben de parte de las autoridades educativas respectivas, de manera que el exhorto lo dirige al Subsecretario de Educación Básica; a los titulares de las unidades administrativas responsables de la operación de programas; a la Directora General del Programa Nacional de Desarrollo de Gestión Educativa; al Director General de Educación Indígena y a la Directora General de Desarrollo Curricular, todos dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

 

También a la Secretaría de Hacienda del Estado, al Secretario de Educación y Cultura, y a la Subsecretaria de Educación Básica en Sonora.

 

Castelo Montaño indicó que los docentes no tienen derecho a plaza base, no se les incorpora a la asistencia social para disfrutar de acceso al servicio médico ni a vivienda; no se les reconoce antigüedad en el servicio; no reciben aguinaldo y solo lograron que se les proporcione un bono navideño, pero bajo el entendido de que no tienen esas prerrogativas laborales en virtud de ser prestadores de servicios que rigen su actividad mediante un contrato temporal que se renueva cada seis meses.

 

“Lo cierto es que prestan su servicio docente con un horario y en un centro de trabajo definidos, en subordinación con jefes inmediatos, en la infraestructura educativa que proporciona el Estado, es decir, bajo las mismas circunstancias que los maestros con plaza base”, afirmó el legislador.

 

El derecho de las maestras y maestros que participan en el Programa Nacional de Inglés, para disfrutar de plaza base, antigüedad en el servicio y asistencia social, no debe negárseles, al ser contratados por el Estado, consideró.

 

Las autoridades educativas podrían instaurar una figura jurídica que se pueda manejar dentro del sistema educativo con miras a la basificación de sus plazas, sostuvo, lo cual sería satisfactorio y justo para los docentes, quienes proponen una figura legal que se puede denominar: basificación con dispensa de perfil, lo cual sería viable para dar solución a quienes teniendo los conocimientos necesarios para impartir la materia de inglés, están impedidos de participar en el concurso de una plaza base.

 

Turnan iniciativas a comisiones  

En el desarrollo de la sesión, el diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh presentó una iniciativa con proyecto de decreto para crear el observatorio turístico de Sonora, para lo cual propuso adicionar una fracción X BIS al Artículo 2 y un capítulo III dentro del Título Quinto de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Sonora.

 

Explicó que se trata de una herramienta que sirve tanto para gestionar la información científica sobre el turismo en el Estado, como para proporcionar un eje de análisis a los organismos públicos y privados encuadrados en este sector, a fin de que puedan afrontar sus decisiones de actuación con una base científica sólida.

 

“Con la creación de este observatorio nos estaríamos enfocando en la construcción de un sistema básico de información actualizada y adecuada a las necesidades de los diversos actores relacionados con la actividad turística en nuestro Estado. Estaríamos proveyendo de elementos de análisis estratégico del desarrollo y tendencias del turismo, así como de su posicionamiento competitivo”, aseveró.

 

Con la puesta en marcha del observatorio, también se contribuirá en la realización de estudios especializados, en relación a los distintos temas y segmentos turísticos, incluyendo evaluaciones de impactos en las dimensiones económicas, sociocultural y medioambiental, dijo el legislador.

 

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Fomento Económico y Turismo, mientras que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, estudiará una iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo resuelva crear la comisión especial de atención al parque recreativo “La Sauceda”.

 

Indicó que la LXII Legislatura, en el marco de sus facultades legales y en forma coordinada con las demás autoridades correspondientes, deben atender, revisar y resolver lo antes posible la problemática de descuido y deterioro que sufre dicho inmueble, para efectos de rescatar y preservar dicho espacio como un pulmón ecológico de Hermosillo, así como ofrecer a sus visitantes un área verde libre y de sano esparcimiento, y de preservación de ecosistemas.

 

En los últimos años se han escuchado intentos de rescatar dicho espacio público por diversas autoridades estatales y municipales, señaló, pero a decir de diferentes defensores del concepto y de colectivos ambientalistas, lo que realmente los mueve es obtener lucros económicos y no ofrecer una alternativa de dispersión familiar.

 

“Es ahí donde embona nuestra preocupación e interés: que este Poder Legislativo, dentro de sus facultades legales pueda intervenir y buscar los mecanismos legales y políticos necesarios que conlleven a rescatar un espacio público que tenga como finalidad ofrecer una opción de esparcimiento digno de las familias sonorenses”, externó.

 

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la iniciativa presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, por considerar, expuso, que en la revisión de la cuenta pública 2019 se percató que muchos entes del gobierno estatal y de los ayuntamientos tienen un desastre administrativo.

 

“No cumplen con lo mínimo que les exigen las normas, principalmente los organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal, los cuales no demuestran cumplir o no hay claridad con el cumplimiento de sus objetivos, así como tienen procedimientos deficientes o la adquisición de bienes o servicios; no sabemos si esos procedimientos son así con premeditación para poder favorecer a algún proveedor o prestador de servicios”, afirmó.

 

En cuanto a las cuentas públicas de los municipios, muchos obtuvieron pésimas calificaciones y algunos lograron aprobar gracias a la disposición de la Comisión de Fiscalización y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, que permitieron pudieran presentar la documentación necesaria para solventar observaciones y así incrementar su calificación, señaló el presidente del Congreso del Estado.

 

Es de suma importancia que el ISAF pueda realizar auditorías en tiempo real sin que lo tenga que solicitar el ente fiscalizable y que las auditorías fiscales no tengan que ser requeridas por autoridades jurisdiccionales, dijo, sino que sea el propio Instituto el que las realice cuando detecte posibles irregularidades o delitos en los entes de gobierno de la administración pública estatal o de los ayuntamientos.

 

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 29, a las 12:00 horas (virtual), el diputado Orlando Salido Rivera presentó un posicionamiento en relación a la práctica de ejercicio físico moderado como medida de prevención y defensa ante el COVID-19.

 

Expuso que es importante recordar que aún existe un alto riesgo de alto contagio por coronavirus, por lo que, en la práctica de ejercicio moderado del agrado de cada persona, se deben seguir las medidas sanitarias y no descuidarse.

 

“No solo por el factor riesgo del coronavirus sino para una gran cantidad de padecimientos delicados; mejora la salud cardiovascular, incrementa la capacidad pulmonar, es decir, nuestra resistencia física, y fortalece nuestro sistema inmunológico, principal defensa frente al COVID”, externó.